viernes, 14 de marzo de 2014

Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX.

INDICE
1. Introducción.
2. Condicionantes de la economia española en el S. XIX.
3. Las desamortizaciones.
4. . Industrialización y modernización de las infraestructuras.
5. Crecimiento demográfico y cambio social.
1. Introducción.
A lo largo del siglo XIX se produjeron en España profundos cambios: se renovó la agricultura, surgió una industria de tipo moderno; se sustituyó la antigua monarquía absoluta por una monarquía parlamentaria y constitucional; desaparecieron la Inquisición y los derechos señoriales y la vieja sociedad feudal dio paso a una sociedad de clases. Este proceso de modernización fue semejante al ocurrido en Europa occidental en el marco de una Revolución industrial y liberal-burguesa.
En España la industrialización no alcanzó un gran desarrollo, y la agricultura siguió siendo el sector más importante de la actividad económica; tampoco el régimen parlamentario logró una estabilidad firme, falseado por la práctica del caciquismo, y la burguesía no tuvo la fuerza de la europea. Por otra parte, el retraso con que se inició el proceso de modernización (década de 1830) impidió alcanzar los niveles europeos y hace que se hable del “atraso” o “fracaso” del modelo de industrialización español.
No obstante, a finales de siglo la economía se modernizará y se producirá un gran desarrollo de la industria textil catalana y de la siderurgia vasca Comenzó la explotación de minas a gran escala en manos de compañías extranjeras y mejoraron notablemente las comunicaciones con la creación de la red de ferrocarriles y la ampliación y mejora de las carreteras.
La población no permaneció impasible ante estos cambios. A lo largo del siglo se produjo un aumento constante de la población que se reflejó en el crecimiento de las ciudades que rebasaron los límites de sus murallas para acoger a la población que venía del campo, es la época del éxodo rural y de los planes de “ensanche”.
La sociedad también se transformó, dejó de estar dividida en estamentos para convertirse en una sociedad de clases, donde se hace hueco un nuevo grupo social, el de los obreros industriales que se organizan en sindicatos en la segunda mitad del siglo XIX para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.
2. Condicionantes de la economía española en el siglo XIX.
Geográficos.
Desde este punto de vista España presentaba como ventajas una óptima localización para el comercio exterior y una gran riqueza del subsuelo; sin embargo, las dificultades orográficas complicaban el desarrollo del comercio interior y el suelo agrícola era pobre y árido.
Demográficos.
A pesar del crecimiento constante de la población, el ritmo fue menor que en Europa. La distribución por regiones fue muy desigual. Además predominaba la población activa agrícola, a pesar de que se produjo un importante crecimiento de la población urbana.
Sociales.
La nobleza se aburguesó, ya que la base económica continuó siendo la tierra. Por su parte la burguesía optó también por invertir en latifundios en detrimento de la industria. En el campo se produce un incremento notable de asalariados que polariza la sociedad.
Infraestructuras.
La descapitalización y el endeudamiento del Estado será una constante, así como los elevados costes de los transportes y la producción energética.
La propiedad.
La mayor parte de la tierra cultivable estaba inmovilizada a comienzos del siglo XIX.
3. Las desamortizaciones.
España era un país fundamentalmente agrario con una distribución de la propiedad de la tierra muy desigual. Los grandes propietarios desde la Edad Media eran: la Corona, la Iglesia (manos muertas), la Nobleza (mayorazgos) y los Municipios o Concejos. Durante el Antiguo Régimen los terrenos de los estamentos privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y mal explotados. Por lo tanto, no es de extrañar que desde finales del siglo XVIII se viera en la desamortización (incautación por el Estado de bienes de la Iglesia, de la Corona y de los municipios que eran “nacionalizados” y después se vendían en pública subasta) una vía para aumentar los ingresos de la Hacienda, primero por la venta de los terrenos y después a través de los impuestos.
Además en el siglo XIX hay un grupo social que quiere maximizar esa riqueza y desea apoderarse de esas tierras: la burguesía liberal. De ahí que con el triunfo de los liberales triunfen las desamortizaciones.
Las primeras actuaciones desamortizadoras se remontan a finales del siglo XVIII (Godoy, ente 1798 y 1808) y afectaron a la Iglesia; pero durante el reinado de Fernando VII se detuvo la desamortización de bienes eclesiásticos y avanzó la de bienes civiles. Estas desamortizaciones tenían como única finalidad recaudar dinero para hacer frente al endeudamiento de la Hacienda.
Por su parte, las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX estuvieron acompañadas de una serie de medidas encaminadas a suprimir los privilegios del Antiguo Régimen (vinculaciones, régimen señorial, diezmos…). Las desamortizaciones eclesiásticas sirvieron para debilitar a la Iglesia, que apoyaba la causa carlista.
La primera de estas desamortizaciones liberales fue la que afectó a los bienes de la Iglesia y la llevó a cabo el liberal progresista Mendizábal en 1836. La segunda y más importante fue la que afectó fundamentalmente a las tierras comunes de los Ayuntamientos y fue realizada por el ministro liberal progresista Pascual Madoz en 1855.
Ambas podrían haber creado una nueva clase de pequeños propietarios agrícolas, pero no fue así. Las tierras nacionalizadas fueron vendidas en pública subasta (pagándose con deuda pública la de Mendizábal, y con dinero la de Madoz). Esas tierras desamortizadas pasaron en su mayor parte a la antigua nobleza, que se vio compensada por la pérdida de sus prebendas jurisdiccionales al ser indemnizada con títulos de la deuda, a la alta burguesía, que había apoyado a los liberales en la guerra carlista, y en menor medida, a medianos propietarios. Muchas de las tierras desamortizadas quedaron en manos de los hasta entonces insignificantes gobernantes locales que van convirtiéndose en caciques.
Desde el punto de vista agrario, no se contribuyó a la racionalización del tamaño de la propiedad, es más se contribuyó a reforzar el latifundio y el minifundio en zonas donde anteriormente existían. No se modernizó la agricultura, ni se invirtió en nueva tecnología. La agricultura siguió siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra.
Por lo que se refiere a las consecuencias sociales de las desamortizaciones, los campesinos sin tierra vieron empeorar su situación; explotados por los terratenientes y sin posibilidad de emigrar a las ciudades por no producirse un desarrollo industrial paralelo. Así, se convertirán en un caldo de cultivo revolucionario donde se extenderán las ideologías anarquistas.
En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años, (casi hasta finales del siglo XIX), y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sostenían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria (agricultura tradicional) vigente hasta el siglo XX.
4. Industrialización y modernización de las infraestructuras.
Para una buena parte de los países europeos, el siglo XIX resultó una época de profundos cambios económicos concentrados en la industrialización. Por el contrario, a finales del siglo XIX, la economía española seguía teniendo rasgos de atraso económico evidente:
- Una agricultura arcaica y con bajos rendimientos se mantenía en el centro de la vida económica.
- El mercado interior era incapaz de absorber la propia producción industrial.
- La falta de una red de transportes y comunicaciones eficaz que hubiera facilitado y abaratado los intercambios.
La consecuencia de todo ello fue que, mientras los granos de Castilla se pudrían en los graneros, Cataluña o Valencia debían importarlos del extranjero. Mientras Asturias no encontraba compradores para su hulla, los campesinos castellanos debían quemar la paja en sus hogares, tan necesaria como era para el abonado del campo. Es decir, se fomentaba el estancamiento energético por un lado y el inmovilismo agrario por otro y, al mismo tiempo, se establecía una balanza comercial desfavorable con el extranjero.
En realidad todo remitía a un mismo problema: la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas, planeadas tras las pérdidas de las colonias americanas.
No obstante, a lo largo de la centuria hubo importantes intentos de avance económico que comportaron el nacimiento de significativos focos industriales. Dos fueron las zonas pioneras: Cataluña y País Vasco. Y dos también las industrias más importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas la minería conoció un auge digno de reseñar.
La revolución industrial española fue más tardía y menos potente que la del resto de Europa occidental. Las causas hay que buscarlas en la inestabilidad política, las destrucciones de la guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, y en la inexistencia de una burguesía moderna y abundante que prefirió invertir en la compra de tierras (desamortizaciones) antes que en la industria.
España, desde los fenicios, ha sido tierra de exportación de su riqueza minera (cobre, estaño, oro, hierro, mercurio…). Durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1868 (Ley de Minas, desamortización del subsuelo), van a ser los capitales extranjeros (principalmente británicos) los que van a venir a explotar la minería y montar las primeras fundiciones para ese mineral. Los capitales extranjeros se sintieron especialmente atraídos por las zonas mineras de Huelva, Cartagena y Vizcaya.
Los capitales acumulados por la exportación de mineral de hierro vasco y la baratura del carbón británico serán el origen de la gran siderurgia vasca (Altos Hornos de Vizcaya, 1902). El inicio de la explotación del carbón asturiano va a crear una industria siderúrgica moderna, que en el caso de Vizcaya, va a ayudar a la instalación en sus costas de los más potentes astilleros del país (Euskalduna).
Por otra parte en Cataluña van a aparecer una serie de empresarios textiles que van a modernizar el proceso productivo textil y van a crear modernas empresas en este sector. Todos estos procesos productivos estaban favorecidos por una política de proteccionismo económico.
La industria se centrará en estos dos focos principalmente. En determinados núcleos urbanos surgirán pequeñas industrias de carácter local y ligadas a los bienes de consumo y a la reparación de maquinaria. Serán pequeños oasis industriales en una sociedad agraria.
Desde mediados del siglo XIX la atormentada geografía hispana mejoró un poco su sistema de comunicaciones. Se mejoraron algo las “carreteras” (nada que ver con las actuales) y se construyeron más de 40.000 km. Pero mucho más importante fue el nacimiento del ferrocarril que posibilitó la creación de un mercado nacional mucho más especializado e intercomunicado. Se pueden distinguir dos periodos: antes y después de la Ley de Ferrocarriles de 1855.
Antes de 1855 se diseñó una red radial con un ancho diferente al europeo. Se constituyeron numerosas compañías ferroviarias que respondían a un movimiento especulador. Se construyeron muy pocos kilómetros y la mayoría respondían a los intereses de las oligarquías rurales. Los primeros trayectos fueron Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851 y Gijón-Langreo 1855.
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 permitió a compañías extranjeras la construcción y explotación de los ferrocarriles originó una oleada constructora. Todas las grandes líneas fueron financiadas por capitales extranjeros (belgas y franceses principalmente) que tuvieron grandes ventajas económicas. Bilbao-Tudela por Miranda en 1857, Madrid-Irún, en 1874, Madrid-Zaragoza-Alicante-Barcelona, etc.
5. Crecimiento demográfico y cambio social.
A lo largo del siglo XIX, la población española creció considerablemente, pasó de diez a veinte millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los países más industrializados de Europa occidental, ya que se mantuvieron arcaísmos demográficos (hambrunas hasta 1882, epidemias, elevada mortandad infantil).
Este crecimiento fue desigual por regiones, fue mayor en el norte que en el sur, y en las zonas periféricas que en el interior, a excepción de Madrid.
El aumento de población en las ciudades hizo necesario romper sus antiguas murallas. Se proyectaron ensanches urbanos como los realizados por Arturo Soria en Madrid o Ildefonso Cerdá en Barcelona. No obstante, la mayor parte de la población siguió siendo agraria.
La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista.
La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.
La Iglesia perdió gran parte de su poder económico al disolverse algunas órdenes religiosas y perder sus bienes con las desamortizaciones. Perdió también influencia social entre la nueva clase proletaria y entre sectores intelectuales.
Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX. Si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendía a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia y la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras.
La alta burguesía enriquecida en parte por la desamortización perdió toda iniciativa empresarial y tendió hacia modos de vida rentista buscando el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.
Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por pequeños comerciantes, empresarios industriales, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.
La pequeña burguesía, tenderos, artesanos, funcionariado, etc., constituyeron grupos en los que se apoyaban las alternativas políticas liberal-progresistas. Imitaban las foras de vida de la alta burguesía, aunque de forma más modesta.
La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales.
Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo (creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden de las zonas rurales).
El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas son tan terribles que poco a poco van tomando conciencia de su injusta situación y se van agrupando en asociaciones que defiendan sus derechos: sindicatos (los primeros sindicatos ilegales surgen en Cataluña y participarán a partir de 1842) y en mutuas obreras. Los gobiernos moderados los perseguirán.
Había también un sector de la población marginado: mendigos que iban de una ciudad a otra (cerca de 100000 pobres).
En este contexto surge el movimiento obrero español. Durante el siglo XIX y gracias a la libertad de asociación surgirán en Gran Bretaña y Francia sindicatos (Trade Unions británicas) y diferentes movimientos socialistas (cartismo, socialismos utópicos, socialismos marxistas y anarquistas). Todos ellos pedían una transformación del sistema capitalista y una mejora en la situación de la clase obrera.
Entre esos movimientos, los que más trascendencia han tenido son el marxismo y el anarquismo, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX.
El marxismo (Karl Marx) era un socialismo revolucionario. Su ideología partía de que la clase burguesa estaba explotando a la clase obrera (proletariado) mediante la apropiación de la plusvalía del trabajo. Los obreros deberían tomar conciencia de dicha explotación, organizarse en partidos y sindicatos de clase y, cuando el sistema capitalista entrara en crisis, conquistar el poder y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a un Estado que controlara los medios de producción y regulara las condiciones laborales.
El anarquismo partía de la base de que el Estado era el sostén de la clase burguesa y de que había que destruirlo para alcanzar la libertad. Deberían desaparecer el Estado, la Iglesia, la “familia burguesa” y la propiedad privada. El individuo libre y responsable se organizaría en comunas autogestionarias. Dentro del anarquismo surgieron dos corrientes distintas: una pacifista que se basaba en los sindicatos asamblearios y en la expansión de sus ideas, y otra partidaria del terrorismo. La península estuvo al margen de estos movimientos.
En 1864 todas las corrientes socialistas crearon la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional que reunida en Londres en 1864, donde se enfrentaron los presupuestos marxistas y anarquistas. En la fundación de la Internacional participaron algunos españoles a título individual. Cuando en España se produce la revolución de 1868 comienzan a llegar periódicos y propagandistas de la Internacional.
Paul Lafargue, yerno de Marx, extendió los planteamientos marxistas que calaron en Madrid, País Vasco y Asturias. La figura más importante del marxismo español fue Pablo Iglesias que fundará el P.S.O.E. en 1879 y la U.G.T. en 1888. Pedían la intervención del Estado y la nacionalización de los sectores económicos más importantes.
Giuseppe Fannelli extendió los planteamientos anarquistas por Cataluña, Levante y entre los jornaleros agrarios del centro y del sur; no quieren un Estado que controle todo, ya que entienden que es una atadura para la libertad total, esa corriente no es un partido político ya que están en contra de ellos, pero sí un sindicato. Surgirán multitud de pequeños sindicatos y revistas sin conexión entre ellas. Tras la Semana Trágica formarán el sindicato de la C.N.T. en 1910.
La mayor parte de la población, por su falta de formación y por la dispersión geográfica, no participó en la lucha política. La existencia del voto censitario (sólo podían votar los que tuvieran un determinado nivel de renta) les alejó de la participación política durante el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio Revolucionario comienza la participación en política. La falta de instrucción y de preparación hicieron que la mayor parte de la población estuviese más cercana al “mesianismo anarquista” que a la formación de partidos y sindicatos. Las duras condiciones de vida, la perdida de las tierras comunales y las hambrunas hicieron que las clases más pobres fuesen partidarias y promoviesen levantamientos y algaradas. La participación de las masas en el movimiento cantonal fue el germen de la posterior movilización popular a finales del siglo XIX.

Pablo de Olavide



Pablo de Olavide


(Lima, 1725 - Baeza, 1803) Ilustrado español. Nacido en una rica e influyente familia criolla de ascendencia navarra, cursó estudios en el elitista Real Colegio de San Martín, y en la Universidad de San Marcos de Lima, donde se licenció y doctoró en Teología, en el año 1740, para dos años más tarde licenciarse también en Derecho Civil.


Su carrera académica culminó en 1742 con la obtención de una cátedra de teología en dicha universidad. Al poco tiempo, inició su carrera judicial, que le llevó, en 1745, a ocupar el puesto de asesor del Tribunal del Consulado y oidor de la Audiencia de Lima.
Pero su rápida ascensión se vio de repente truncada por su actuación algo más que dudosa tras el terremoto que asoló Lima, en 1746, en el que falleció su padre. Olavide fue acusado de ocultación de la herencia paterna y de malversación de caudales, lo que provocó su caída en desgracia dentro de la administración colonial. Pablo de Olavide marchó hacia España, en 1750, para justificar su conducta ante las autoridades del Consejo de Indias. En el año 1754 fue encarcelado y se confiscaron todos sus bienes, pero poco después pudo conseguir la libertad bajo fianza.
Una vez libre de todo cargo, se casó con Isabel de los Ríos, rica viuda que le donó toda su fortuna. Gracias a este matrimonio, a todas luces de conveniencia, Pablo de Olavide pudo empezar a recuperar su deteriorada posición social y saldar sus cuentas con la justicia, mediante el pago de una multa y una breve inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Entre los años 1757 y 1765 realizó tres largos viajes por Francia e Italia, que le dieron la oportunidad de conocer a las figuras más importantes de la Ilustración europea. Gracias a su nueva posición socioeconómica, Pablo de Olavide convirtió su casa de Madrid en uno de los centros de reunión de la elite ilustrada.
Olavide supo aprovecharse de los influyentes personajes que iba conociendo en la Corte, gracias a los cuales pudo reanudar su truncada carrera en la administración, ayudado también por la nueva coyuntura política surgida tras los motines del año 1766. Ese mismo año fue nombrado director de los Reales hospicios de San Fernando y de Madrid, y en el año 1767 fue designado síndico personero del ayuntamiento de Madrid.
Olavide siempre apoyó y defendió la política reformista llevada a cabo por Campomanes y el conde de Aranda, el cual lo tomaría bajo su protección directa, ofreciéndole, en 1767, el cargo de superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, para dirigir la realización del mayor proyecto de colonización agraria llevado a cabo en el reinado de Carlos III. Para reforzar sus atribuciones y mejorar el control sobre el proyecto, también fue nombrado asistente corregidor de Sevilla e intendente del ejército de Andalucía.
Durante el tiempo que Olavide estuvo al frente de tal proyecto, hasta el año 1775, elaboró dos de los proyectos más representativos e importantes del reformismo ilustrado: el Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla, del año 1767, y el Informe sobre la Ley Agraria, del año 1768. La actuación de Pablo de Olavide en Sevilla se extendió hacia ámbitos y esferas muy diversas: el saneamiento de la hacienda municipal y la mejora del abastecimiento de la población; la reforma y secularización de la asistencia social; las obras públicas y el urbanismo; la animación cultural, etc.
Pero, sin lugar a dudas, su actuación más sobresaliente la realizó al frente de la colonización de Sierra Morena, proyecto del que fue su máximo impulsor y valedor, todo ello pese a las grandes dificultades, de todo tipo, que tuvo que sortear. En el año 1771, Pablo de Olavide había logrado fundar más de cuarenta nuevos núcleos de población y colonizar una gran extensión de tierras baldías.
La actividad reformista y modernizadora que desplegó Pablo de Olavide suscitó pronto la oposición de los poderosos sectores reaccionarios y conservadores de la Corte, los cuales, desde un principio, trataron de provocar su caída en desgracia mediante campañas difamatorias de todo tipo y denuncias ante el Santo Oficio. Pablo de Olavide, debido sobre todo a su anterior encuentro con la justicia, pronto fue puesto en la mira del Tribunal Supremo. El inquisidor general solicitó y obtuvo de Carlos III el procesamiento de Olavide, a finales del año 1775.
Éste intentó defenderse de las falsas acusaciones que se vertieron contra él, pero no logró salvar su persona, y en 1776 se decretó su encarcelamiento y la confiscación cautelar de todos sus bienes. Olavide pasó dos largos años en los calabozos de la Inquisición, hasta el año 1778, cuando se hizo pública su sentencia definitiva, por la que fue condenado a ocho años de reclusión en un monasterio. Dicha sentencia provocó un sentimiento general de rechazo por parte de los círculos ilustrados españoles. A tal indignación se sumaron destacados representantes de la intelectualidad europea, como fue el caso de Voltaire y Diderot.
Pablo de Olavide fue recluido, en un principio, en el monasterio leonés de Sahagún, pero atendiendo a una súplica de traslado por su mala salud, se le trasladó a un convento de Murcia y se le autorizó a efectuar prolongadas estancias en diversas estaciones termales. Precisamente, a finales de 1780, cuando se encontraba en el balneario de Caldas de Malavella (Gerona), Olavide aprovechó su proximidad con la frontera francesa para huir al país vecino.
En el París de los años ochenta, Olavide llevó una vida cómoda y apacible, recuperando sus antiguas relaciones sociales, pero ya alejado de la política activa. El estallido de la Revolución Francesa fue saludado por el ilustrado español con alegría y esperanza, pero debido a la creciente radicalización del proceso, Olavide optó por marcharse de la capital francesa e instalarse en el campo, en el castillo de Menug-sur-Loire. Pero en abril del año 1794 fue detenido acusado de extranjero sospechoso de colaborar con la aristocracia, motivo por el que pasó nueve meses en prisión, con la incertidumbre de si viviría o no. Con la caída del régimen de terror impuesto por los jacobinos fue puesto en libertad.
Las angustias y privaciones que pasó en el presidio le causaron una profunda impresión en el ánimo, que le supuso una vuelta a las prácticas religiosas con un fervor renovado. Fruto de su nuevo estado religioso, publicó en 1797, en la ciudad de Valencia y de forma anónima, el libro El Evangelio en triunfo o la historia de un filósofo desengañado. La obra alcanzó un éxito fulgurante, lo que sirvió para facilitar su regreso a España, a la vez que se le rehabilitaba públicamente y se le concedía una pensión vitalicia. Estableció su residencia en Baeza, donde llevó en sus últimos años una vida completamente al margen de la política y de la vida social